El Estado espera la sentencia del “procés” con todas las armas a mano

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Es un ejercicio muy interesante recuperar el famoso discurso que pronunció José Ortega y Gasset en las Cortes republicanas en 1932, durante el debate del Estatut de Núria. “El problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar; que es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista“, decía el filósofo. “Debemos renunciar a la pretensión de curar radicalmente lo incurable“, añadía el también diputado.

En vez de tratar de buscar una solución que fuera a la raíz del conflicto, proponía trasladarnos al terreno del posibilismo, del pragmatismo, de la conllevancia. Un siglo más tarde, aquel discurso no ha caducado. Está bastante extendido entre las élites en la capital del Estado. No importa quién gobierne, si la derecha o la izquierda, si Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, porque han renunciado a darle una salida. En el mejor de los casos, conllevancia; si se complica el escenario, mano dura hasta enderezar la situación.

Un buen ejemplo de eso es la decisión de Pedro Sánchez de volver a llevar a España a elecciones generales. Con los números en la mano, podría haber gobernado de manera estable durante toda una legislatura, durante cuatro años. Pero aceptar los votos predispuestos de los independentistas catalanes, que habrían garantizado cuatro años a cambio de una solución dialogada al conflicto, habría exigido coger el toro del “problema catalán” por los cuernos e intentar “curar lo incurable“. Ha preferido volver a tirar los dados el 10 de noviembre para ver si puede “no depender de los partidos independentistas”, su gran obsesión expresada en público y en privado. Ha preferido ahorrarse cuatro años de reproches del trío de Colón.

La repetición electoral no es indiscernible de la presión ambiental en la capital del Estado. El contexto es el que es: la sentencia del Tribunal Supremo sobre los presos políticos catalanes está a punto de salir del horno. El Brexit o el enfriamiento de la economía son factores secundarios. El propio tribunal se ha fijado la primera quincena de octubre como deadline. Lo que más suena está la semana del 7 al 11 de octubre, justo antes del Día de la Hispanidad. No en balde, el 16 de octubre se cumple el límite legal (prorrogable) de dos años de prisión preventiva de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. El 14 es la vista oral en Luxemburgo por la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado. Y también el 14 serán proclamadas por la Junta Electoral Central las candidaturas a las elecciones del 10-N. Con inhabilitación se extirpa el problema. Pero la respuesta a la sentencia también forma parte del contexto. Y el Estado tiene que estar preparado para cualquier escenario. El ho tornarem a fer resuena por Madrid y levanta las alarmas.

Por eso Pedro Sánchez también ha preferido llegar a este escenario en funciones pero en un gobierno en solitario, que con Unidas Podemos en el ejecutivo y posibles turbulencias en el Consejo de Ministros. Si bien en Moncloa ven Catalunya más pacificada y esperan una respuesta controlada del independentismo, que no vaya más allá del ejercicio de la protesta, la realidad es que se preparan para cualquier escenario. Esperan la sentencia con todas las armas a mano, con el deseo de no utilizarlas pero dispuestos a utilizarlas.

Esta semana, Pedro Sánchez ha hablado más del artículo 155 de la Constitución que de diálogo. Incluso se ha comprometido por escrito con Albert Rivera a aplicarlo si es necesario, y ha alardeado de cuándo lo hizo por primera vez desde la oposición. “Aplicaremos todos los resortes del Estado para defender la integridad territorial, que nadie lo dude”, insistía este jueves en la polémica entrevista en La Sexta. En eso, curiosamente, hay práctica unanimidad de los grandes partidos españoles. Hasta Unidas Podemos, el grupo que llevó la anterior aplicación del 155 al Tribunal Constitucional, flirtea. Pablo Iglesias insistía el viernes en Antena 3 que, en caso de formar parte de un gobierno de coalición, y a pesar de las diferencias, habría respetado el “liderazgo del PSOE” en la cuestión catalana. Preguntado explícitamente sobre acatar un hipotético 155, respondió que “claramente” lo habría hecho. Después intentó matizarlo.

El elefante en la habitación de la política española son los diputados independentistas, que son los que sitúan el “problema catalán” en el centro del debate. Por eso esta semana el PSOE ha reabierto el debate para reformar el sistema electoral, que reduzca el poder de influencia de las minorías. Los socialistas proponen una doble vuelta que refuerce el bipartidismo, el PP un bonus al estilo griego para evitar bloqueos como el actual y Ciudadanos un tope estatal para impedir directamente que los nacionalistas catalanes y vascos entren en el Congreso. El objetivo, que la estabilidad de España no dependa de los independentistas. El mismo motivo por el que habrá elecciones el próximo 10 de noviembre: para no tener que coger el conflicto por los cuernos.

https://www.elnacional.cat/es/politica/estado-espera-sentencia-supremo_422606_102.html

elnacional.cat

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