Anticorrupción investiga en el Ministerio de Industria de Zapatero para saber quién benefició a la UGT de Fernández Villa

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La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco sobre los cargos del Ministerio de Industria durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero a los que tiene en el punto de mira por “concertar” con exlíderes mineros de UGT en Asturias una subvención irregular de 30,9 millones de euros para construir una residencia para mineros jubilados.

La investigación de la llamada Operación Hulla, que se remonta a 2013, apunta a que parte de ese dinero acabó en los bolsillos del ex secretario general del SOMA-UGT y exdiputado provincial del PSOE José Ángel Fernández Villa y de su principal colaborador en el sindicato, José Antonio Postigo. Los investigadores calculan que el edificio tuvo un coste máximo de entre 15 y 20 millones de euros, cuando la subvención alcanzó los 30,9, informan a eldiario.es fuentes del caso. El dinero malversado, por tanto, podría haber alcanzado los 15 millones de euros.

El Ministerio Público otorga un papel principal en esta trama de supuesto desvío de fondos públicos a un cambio legislativo realizado, presuntamente, a instancias de Fernández Villa. Considera que el exlíder minero presionó en el departamento que entonces dirigía Miguel Sebastián para obtener la cobertura legal que le permitió acceder a 30,9 millones de euros de los llamados fondos mineros. Durante su mandato, Zapatero solía aprovechar la fiesta minera de Rodiezmo (León), organizada por el SOMA-UGT y en la que Fernández Villa tenía un papel principal, para anunciar la subida de las pensiones. En ese encuentro, que abría el curso político de los socialistas, el exlíder sindical aparecía fotografiado con dirigentes como Zapatero, Alfonso Guerra o el expresidente de Asturias Javier Fernández.

Anticorrupción busca ahora “responsabilidades” en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), el organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Industria encargado de gestionar estas ayudas. En un escrito, al que ha tenido acceso a eldiario.es, pide conocer el detalle de las unidades y puestos de trabajo relacionados con la gestión de estos fondos y, especialmente, con la citada subvención; los manuales e instrucciones relativos a su concesión y evaluación; así como las funciones y competencias de la gerencia del IRMC, especialmente en materia de control e inspección, entre otras diligencias.

El real decreto en cuestión, que regulaba las subvenciones para el desarrollo de infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, se modificó en 2009 para posibilitar que se pudiera financiar con fondos públicos el 100% de proyectos realizados por entidades sin ánimo de lucro. Hasta entonces sólo podían ser sufragadas íntegramente con dinero público las infraestructuras promovidas por comunidades autónomas y ayuntamientos, así como por empresas públicas que cumplieran una serie de requisitos. Fue este cambio el que proporcionó cobertura legal a la construcción del geriátrico con fondos públicos.

En un informe del pasado junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que durante la tramitación de la reforma de ese real decreto se produjeron una serie de circunstancias por las que se deduce el carácter “totalmente excepcional” y el “trato privilegiado” que se dio al proyecto de la residencia, gracias “en parte” a la “presión” ejercida por Fernández Villa. Los investigadores apuntan a que el cambio normativo, sin el que no se podría haber financiado íntegramente el proyecto, fue “elaborado y aprobado ad hoc“.

El informe de la UCO incluye la declaración del exgerente del IRMC, Juan Miguel Benítez Torres, que aseguró en sede policial que la modificación del real decreto “vino impuesta desde arriba, por el Gobierno del PSOE”. El presidente del organismo, Pedro Luis Marín Uribe, también dijo ante la UCO que quien “hizo fuerza” para que se llevara a cabo el cambio en el real decreto fue “el sindicato de José Ángel Fernández Villa”.

También la Abogacía del Estado receló de este cambio normativo, del que dijo en un informe que incluía “elementos un tanto extraños”. Tras la reforma, el real decreto autorizaba la financiación íntegra de proyectos impulsados por entidades privadas siempre que fueran considerados “singulares”. La clave es que esa calificación la otorgaba la Mesa de la Minería, conformada por sindicatos y responsables públicos de municipios mineros. Según la Abogacía del Estado, lo lógico sería “limitar” la facultad de la mesa porque, de lo contrario,”podrían verse afectados otros proyectos o la virtualidad de la ayuda”.

La entidad adjudicataria de la subvención fue el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, un organismo con un patrimonio de 46 millones de euros que gestiona residencias geriátricas y destinos vacacionales con apartamentos y hoteles en propiedad por distintos puntos de España para mineros jubilados y prejubilados. La Guardia Civil maneja indicios de que Villa se sirvió de la gestión “delictiva” este ente para amasar la fortuna que intentó regularizar en la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y que dio origen a este procedimiento.

La UCO concluye que “parte de los fondos investigados [en la amnistía fiscal] podrían proceder de la gestión delictiva del Montepío y de la construcción de la residencia de Felechosa”. Y atribuye, de forma indiciaria, al exlíder minero los delitos de blanqueo, contra la Hacienda pública, falsedad documental, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.

Fernández Villa ya fue condenado en septiembre de 2018 a tres años de cárcel y a una multa de 24.000 euros por un delito continuado de apropiación indebida. El fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo, que el exlíder minero recurrió al Supremo, considera probado que gracias a su “posición jerárquica sobre el resto de miembros y trabajadores” en la organización logró apropiarse, entre 1989 y 2012, de diferentes cantidades por un total de 434.158 euros en perjuicio del sindicato.

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