El Consell per la República mete presión

El documento hecho público este sábado desde Waterloo por el Consell per la República Catalana, que preside Carles Puigdemont y coordina Toni Comín y en el que participan todas las formaciones políticas independentistas menos la CUP ―sí Poble Lliure, una parte de esta organización― y también la ANC ―no así Òmnium―, es un toque de atención a las instituciones catalanas, a las que insta a “preparar las medidas y actuaciones necesarias para materializar el mandato popular para la independencia”. El Consell ofrece diálogo al Estado e incluso le propone “una plataforma de negociación para la resolución del conflicto” basada en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación ejercido el 1-O, la reversión de la represión y una mediación independiente de las negociaciones.

Habida cuenta de que el Estado no va a dar ni un paso para entablar un diálogo como el que le propone el Consell per la República, y sus responsables bien que lo saben, hay que entender que una parte del mensaje es sobre todo de consumo interno catalán y que trata de remover desde la pulsión ―más bien baja― de sus instituciones en vísperas del segundo aniversario del referéndum del 1-O y de las inminentes sentencias del Tribunal Supremo a los presos políticos catalanes hasta incorporar una brújula a la parálisis actual, debida, en parte, a la represión del Estado, la falta de liderazgos y la incapacidad para trenzar acuerdos que vayan más allá de repetir algunas de las situaciones ya vividas aquel octubre de 2017, como el paro de país del 3-O.

El Consell ratifica su misión de hacer efectivo el mandato derivado del referéndum de 2017 y llama al pueblo de Catalunya a “movilizarse para acompañar la acción de las instituciones catalanas” así como “la desobediencia civil cuando sea necesaria”, en línea con lo que viene defendiendo desde hace tiempo Òmnium Cultural y su presidente Jordi Cuixart. Respecto a futuras elecciones al Parlament, acuerda que “hasta que no se haya materializado el mandato del 1-O tendrán carácter refrendario“.

Después de este contundente posicionamiento habrá que ver qué parte del mismo acaban asumiendo las instituciones catalanas, cuyos partidos están representados en el Consell, dirigen el Govern de Catalunya y firman el documento. Esa es la pregunta del millón.