Juristas critican la militarización y recentralización de España por el coronavirus

Desde el pasado 14 de marzo está decretado el Estado de Alarma en España para combatir la pandemia del Covidien 19. De hecho, fue una medida decretada en ‘diferido’ y anunciada un día después de que la Generalitat confinar a los 70.000 habitantes de la Conca de Òdena.

La nueva situación política ha abierto la puerta a una situación inédita en democracia, y según algunos juristas consultados por El Mundo, es también “inquietante” y “preocupante” por lo que supone de recortes en derechos civiles y libertades públicas . Además, de una extraordinaria militarización del relato político y social. Un nuevo escenario que puede dejar mácula en una Constitución que, a juicio de los expertos, no está preparada para afrontar una crisis de estas características. Asimismo, ven débil basar todo el operativo contra la pandemia en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud pública. Una ley de sólo 4 artículos.

El catedrático de Derecho Constitucional, Xavier Arbós , destaca que el “clima es más tolerante de lo que se podría prever hacia medidas restrictivas de las libertades y los derechos”. Por Arbós, la explicará radica en que la administración aplica un “argumento inapelable como es la salud pública” . “No es tanto si lo que está pasando ahora afecta al diseño constitucional actual, sino qué pasa con el futuro, con la ola previsible de crisis social que se avecina, no quiero ser maléfico, pero puede haber fórmulas peligrosas”, comenta Arbós en conversación con el Mundo.

En este sentido, Arbós remarca que ” bien mirado, el confinamiento decretado no encaja ni con el estado de alarma, ni el de excepción ni sitio, porque en todos se habla de limitar y restringir la libertad de movimiento, en cambio, no imponen el confinamiento “. “La excepción es moverse, en los demás se restringe el movimiento y esto no se adapta a la realidad, se debería encontrar una especie de Estado de alarma diferente”, propone el jurista.

Ahora bien, Arbós detecta una “acción más peligrosa en todo: el control extraordinario de la población, sobre todo en cuanto a la protección de datos”. En este sentido destaca las aplicaciones que geolocalizan y clasifica contagiados o críticos y que trasvasar esta información a las operadoras. “Aunque digan que lo hagan de manera anonimizada, hay que tener cuidado perqyè eso no depende de nuestra voluntad”, subraya. De todos modos, a pesar de las alertas, Arbós no es pesimista -que es diferente a ser optimista- porque “cuando haya pasado el miedo y haya una crisis social tremenda, se pondrá en marcha la protesta y ante las movilizaciones las restricciones de derechos y libertades serán más complicadas “. “Si pasáramos del miedo a la estabilidad entonces quizás sí entraríamos en una situación en la china de control social enorme, que podría dotar de cierta eficacia a un estado autoritario, entonces se hará de la necesidad virtud y la crisis social generará movilizaciones que frenarán la tendencia restrictiva del poder “, concluye.

Sobre la militarización del espacio público, Arbós extrae que “va por barrios”. “A mí, personalmente, me inquieta”, admite. “Francamente lo veo como el discurso del rey del 3 de Octubre, algunos les indigna, otros los tranquiliza, otros dicen ya era hora”, sentencia.

El catedrático de Derecho Penal, Joan Queralt,   tiene una visión diferente pero también inquietante. En conversación con el Mundo, evalúa las medidas del Estado de alarma y las compara a las de el estado de excepción para que se está recortando la intimidad y el movimiento . Y sí enfatiza la imagen de militarización. De hecho, recuerda que ver militares haciendo de policía o vigilancia sólo pasaba alrededor de infraestructuras críticas donde no hay contacto con la gente. “Ahora bien, ver militares patrullando es impropio de un estado de alarma o excepción”, Indica. “Yo creo que ni los militares tienen mucho interés, yo creo que la UME, con tareas de auxilio y protección, es una cuestión de imagen”, serena. En cualquier caso, realza que, de momento, “los militares actúan por la autoridad civil y no por motu propio”.

Por su parte, Josep Pagès,  profesor de Derecho Constitucional de la UAB, insiste en que hay que hacer dos lecturas de la situación. En primer término, analizar qué permite el Estado de alarma y, en segundo lugar, qué consecuencias tiene para el orden de los derechos fundamentales a partir de ahora. “Entramos en un terreno desconocido”, avisa Labrador en conversación con El Mundo. El jurista entiende que basar esta restricción de movimientos y recentralización en un artículo de un Ley Orgánica que regula el desabastecimiento médico es “ir hacia una reducción de las libertades públicas”. “Después de todo, la ley mordaza / bozal es un antecedente”, comenta.

Para Labrador, la aplicación de este estado de alarma es un elemento más para constatar la crisis constitucional española como la que sufre el Tribunal Constitucional, la monarquía o Tribunal de Cuentas. En este sentido, coincide con Arbós marcando que ” hay una incapacidad constitucional para dar respuesta a la actual situación”. Además, Labrador critica con firmeza el papel de la oposición política que no hace un control del ejecutivo como le corresponde aunque el estado de alarma no suspende esta función del Congreso. También incorpora “la falta de control de los medios de comunicación que no pueden hacer plenamente su papel fiscalizador”.

Asimismo, reprocha que la recentralización es “muy discutible” Una deriva que Pagès hace converger con una estrategia general del Estado español: su ánimo “homogenizador”. “Tomaría las mismas medidas para Badia del Vallés que por un pueblo del Pallars Jussà, esta mentalidad uniformista es autoritarime” , reflexiona.

“En este estado de alarma se tambalea el sistema y aparece un nuevo modelo con un papel de liderazgo del poder para el ejército”, sintetiza. ” Este es un terreno que puede ir hacia el autoritarismo, una imagen a la sociedad de cuál es el nuevo paradigma con cierta vía librea la restricción de derechos y libertades”, alarma Pagès. “El hecho de que patrullen policías o militares con un decreto que no aclara cuáles son las actividades esenciales deja un margen de arbitrariedad con cierta complicidad social” , concreta con preocupación.

El catedrático de derecho procesal,  Jordi Nieva , era bastante contundente con la situación. “En un futuro, cualquier gobierno podría utilizar estas vías para menospreciar nuestros derechos fundamentales”, vislumbraba en una  entrevista en el FAQS de TV3  emitida sábado. ” Partir de la base de que el ciudadano es idiota y que se comportará mal es un enfoque claramente autoritario. Esto en una democracia es inaceptable “, añadía. En este sentido, también coincidía con Pagès y Arbós en poner el foco en la tolerancia social con la situación. “Veo una falta de conciencia colectiva de donde son estos derechos fundamentales”, resaltaba. “Con el derecho de circulación, la población no sólo tiene claro que no debe salir sino que hay personas que insultan otros que están en la calle”, remataba.

Especialmente duro se muestra  César Rendueles , profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, que el domingo publicaba en El País un preocupante artículo titulado  “La tormenta perfecta del autoritarismo”. Toda una guía de la situación. De hecho, en palabras a El Mundo, comenta la avalancha de peticiones de entrevistas que ha recibido a raíz del artículo pero para no hacer discriminaciones, las evita.

Rendueles carga contra la “inercia” que genera el estado de alarma contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. En realidad, un país en cuarentena se parece mucho a las distopías políticas de la nueva ultraderecha: el Ejército en la calle, llamadas a la unidad nacional, limitación del poder autonómico, comunitarismo represivo y ruedas de prensa en prime time a cargo de un general que se expresa con comunicados comparables a un diálogo rechazado del Escopeta Nacional “,  cierra Rendueles.

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